Wilfredo Bulege Gutiérrez
La Agenda 2030 es un plan de acción compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo. Además de erradicar la pobreza, los ODS permitirán fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia (ONU, 2015).
La Agenda 2030 impulsa políticas, medidas, gobernanza y
métodos de trabajo y conducirá, como uno de sus principales resultados, a la
adopción de una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020 – 2030, que represente
un proyecto de país compartido ampliamente y desde una visión de Estado.
La implementación de la Agenda 2030 que nuestros gobiernos de la región han comprometido es una respuesta madura y responsable, un referente ético, a la vez que operativo para todos los Gobiernos y toda la ciudadanía; un nuevo contrato social global, la base para construir una Sudamérica unida. La crisis económica que deja la pandemia por el Covid 19 nos deja importantes lecciones, y será necesario cambiar nuestro modelo productivo, hacer una profunda transición ecológica de nuestra economía, y asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en menor pobreza y en mayor igualdad.
Una medición sobre la implementación de los ODS en diversos países de nuestra región se presentó a través del Ranking de avances de la Agenda 2030 realizada por la Universidad de Cambridge (2020) mostrando a Chile como el país que ha tenido un mejor desempeño al 2020, el Perú se encuentra en la segunda mitad y Venezuela como el más rezagado en este propósito (Figura 1). Los esfuerzos realizados aún son insuficientes para lograr el cambio que necesitamos poniendo en peligro la promesa de la Agenda a las generaciones actuales y futuras; hoy debido a la COVID-19 -una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes que amenaza las vidas y los medios de subsistencia- el reto a desplegar deberá ser mayor.
En el caso peruano, los partidos políticos proponen sus
planes de gobierno considerando los ODS en sus dimensiones social, económica,
ambiental e institucional, debiendo asumirlo como auténtica política de Estado con
acción concertada de todos los actores, y especialmente de las empresas, cuyo
papel es clave en las transformaciones que los ODS infieren en los patrones de
producción y consumo, de generación de valor social y medioambiental, en la
preservación de nuestro planeta, en el empleo decente y en la lucha contra las
desigualdades.